En un movimiento que dividió a la Cámara de Diputados de México con 369 votos a favor y 104 en contra, la nueva Ley de Telecomunicaciones fue promulgada este 1 de julio de 2025, generando una controversia que resuena en cada rincón de la red. La promesa oficial es clara: una iniciativa social que busca garantizar derechos fundamentales como la educación y la información. Sin embargo, la letra chica (y las acusaciones de la oposición) pintan un panorama muy diferente, donde la privacidad y el control gubernamental se convierten en los protagonistas. ¿Estamos ante una evolución necesaria o un retroceso peligroso para la libertad digital en México? La línea es delgada y la polémica, intensa.
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Uno de los cambios más drásticos es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ese órgano autónomo que, hasta ahora, regulaba el espectro radioeléctrico. En su lugar, nace la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con José Antonio Merino al mando. Mientras el gobierno lo defiende como un paso hacia una mayor eficiencia, la oposición lo ve como una entrega de control total al Poder Ejecutivo sobre las telecomunicaciones del país. Es como si el árbitro del juego se volviera parte de uno de los equipos. Y ahí no termina la cosa.
Tu CURP, tu internet: ¿el fin del anonimato digital?
La nueva Ley de Telecomunicaciones trae consigo una medida que encendió todas las alarmas de privacidad: la obligatoriedad de la CURP para tener internet. Esto significa que, de ahora en adelante, cada tarjeta SIM solo podrá ser activada presentando una identificación oficial. Olvídate de los chips anónimos o las conexiones temporales sin rastro; cada línea, cada usuario, estará formalmente vinculado a un registro oficial. Es el adiós al relativo anonimato que muchos disfrutaban en el ecosistema digital y un paso más hacia una mayor trazabilidad de los usuarios.
Pero la controversia va más allá de la CURP. Aunque el famoso y polémico artículo 109, que en una versión previa permitía al gobierno bloquear aplicaciones y plataformas digitales (una clara acusación de censura), fue eliminado de la versión final, la ley aún exige que las empresas de telecomunicaciones proporcionen datos para la geolocalización de dispositivos móviles cuando la autoridad lo demande. Si bien el titular de la ATDT ha aclarado que se requerirá una orden judicial para acceder a dichos datos, las preocupaciones sobre la violación del derecho a la privacidad persisten. ¿Es una garantía suficiente o una puerta abierta a posibles abusos? La balanza entre seguridad y libertad personal se inclina peligrosamente.
El espectro radioeléctrico bajo la lupa del Ejecutivo: ¿más control o más eficiencia?
La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (un órgano desconcentrado supervisado por el Poder Ejecutivo) ha sido el blanco de duras críticas. Para la oposición, esta reestructuración significa una entrega de control total al Ejecutivo sobre un sector estratégico como las telecomunicaciones. La preocupación es que la independencia regulatoria se vea comprometida, abriendo la puerta a decisiones más políticas que técnicas, lo que podría afectar la competencia, la innovación y, en última instancia, al usuario final.
Además de estos cambios estructurales, la ley prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica por parte de gobiernos extranjeros en territorio nacional, una medida que busca proteger la soberanía informativa pero que también podría interpretarse como una limitación a la libertad de expresión internacional. Por otro lado, la ley también ofrece descuentos a operadores que amplíen su cobertura a zonas rezagadas, un punto positivo que busca cerrar la brecha digital y llevar conectividad a más mexicanos. Es un paquete complejo de medidas, donde la balanza entre el beneficio social y el control gubernamental está en constante tensión.
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La gran pregunta: ¿estamos listos para el “reboot” del internet mexicano?
Aunque se eliminó un polémico artículo sobre censura, la discusión sobre el control gubernamental y la privacidad sigue más viva que nunca.
En un país donde la conectividad es cada vez más vital, esta ley promete un reboot completo del ecosistema digital. Pero la pregunta fundamental que queda en el aire es: ¿estos cambios realmente garantizarán un internet más equitativo y accesible para todos?, ¿o sentarán las bases para un control sin precedentes sobre la información y la privacidad de los ciudadanos?
El futuro de la red en México ya no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de derechos. Y la conversación apenas comienza.
